Los funcionarios de la AGE, ante las malas perspectivas socioeconómicas y profesionales, “huyen” masiva y precipitadamente de la Administración

L@s funcionari@s pertenecientes al Régimen Especial de Clases Pasivas, que pueden acogerse a la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años, huyen de la Administración General del Estado: Un síntoma más de la preocupante descapitalización que en materia de recursos humanos padece dicha Administración, que no adapta ninguna medida correctora al respecto.

Mientras que en el año 2008 los funcionari@s jubilad@s voluntariamente fueron 3.050, tan sólo ocho años después (2016), la cifra asciende a 15.470, en un progresivo y continuo ascenso, como se observa en el cuadro y gráfico siguientes, Y mucho nos tememos que, si el resto de emplead@s públic@s, pertenecientes al Régimen General tuvieran opción de anticipar su jubilación, también lo harían:

 

JUBILACIONES – ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Pensiones Jub. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Forzosa 5.152 5.069 4.871 5.981 5.590 4.969 5.112 4.174 4.186
Voluntaria 15.470 15.102 13.562 15.788 13.972 5.647 4.253 3.429 3.050
TOTAL 20.622 20.171 18.433 21.769 19.562 10.616 9.365 7.603 7.236

Fuente: FeSP-UGT según datos Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

Esta situación es el resultado del alto grado de desmotivación manifestada por los emplead@s públic@s de la Administración General del Estado, generado por los continuos recortes padecidos estos últimos años, combinado con la falta de buenas perspectivas e incertidumbres para los próximos, resumibles en los siguientes datos:

  • Pérdida de poder adquisitivo del 13% (recortes + congelaciones + subidas míseras).
  • Drástica disminución de la Oferta Pública de Empleo.
  • Incertidumbre en materia presupuestaria para 2018.
  • No implantación de la carrera profesional en el ámbito AGE.
  • No configuración del “nuevo” Grupo B surgido del EBEP.
  • Inexistencia de formación para el empleo desde hace 2 años.
  • Procesos de promoción interna con una dificultad idéntica a los procesos de acceso y selección.
  • La modificación, a la baja, de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
  • Incertidumbre sobre el futuro de las pensiones (endurecimiento de los requisitos para el acceso).

Pero si preocupante es está realidad, nada halagüeña se presenta la de los próximos años si analizamos la edad media de los emplead@s públic@s de la AGE que, como se demuestra en el cuadro siguiente, ofrece un dato harto preocupante: el 65´7% supera los 50 años de edad, de los que 91.694, están en el umbral de los 60.

PERSONAL AL SERVICIO DE MINISTERIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS  (CON EXCLUSIÓN DEL ÁREA DE LA DOCENCIA NO UNIVERSITARIA)

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA /PERSONAL LABORAL/ OTRO PERSONAL

EFECTIVOS POR SEXO, INTERVALO DE EDAD

GENERO < de 30 30-39 40-49 50-59 60-64 > de 64 TOTAL
HOMBRE 494 7.615 22.230 44.561 12.835 1.861 89.596
MUJER 585 9.175 22.174 47.133 12.065 1.146 92.278
TOTAL 1.079 16.790 44.404 91.694 24.900 3.007 181.874

Fuente: FeSP-UGT según datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas /enero 2017

¿Y qué medidas adopta el Gobierno, en tanto que responsable exclusivo de la AGE, al respecto? Pues, que nos conste, salvo el recurso al peligroso aumento de la temporalidad (interinos/temporales) y una exagerada externalización de servicios (17.755 concesiones por un importe de casi 7.000 millones de euros)[1] ninguno; pues si bien es cierto que el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 29 de marzo de 2017, va a servir para reducir la temporalidad existente y evitar la destrucción de más empleo público, no va a generar el empleo público neto necesario para rejuvenecer plantillas.

Ante esta situación, desde la FeSP-UGT, planteamos las siguientes medidas:

  • Negociación de un Plan de Recursos humanos que analice las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista numérico, como el de los perfiles profesionales.
  • Desbloquear la tasa de reposición de efectivos, mediante la generación de empleo público neto.
  • Blindaje de las funciones a realizar por los emplead@s públic@s, restringiendo (al mínimo) las funciones susceptibles de externalizarse y privatizarse.
  • Penalización de la utilización abusiva de los nombramientos interinos.
  • Desarrollo en el ámbito de la AGE, de las mejoras potenciales previstas en el EBEP (Carrera profesional, nueva estructura retributiva, fomento de la promoción interna, configuración Grupo B, etc.), así como otras novedosas (reconocimiento y desarrollo de la jubilación parcial).

 



[1] Según el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente al año 2016

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