LA  IMPOSICIÓN  DE  HACIENDA  DE  INTRODUCIR  EN  EL  MISMO  UNA  CLÁUSULA  DE CARÁCTER ECONÓMICO  DA AL TRASTE CON LO QUE ERA UN ACUERDO CERRADO

El  pasado  día  18  de  junio  de  2020,  tuvo lugar  el  Pleno  extraordinario de  la Comisión  Paritaria donde  se  iba  a  haber  producido  el  ansiado  acuerdo  de  encuadramiento.  Previo  al  desarrollo de  dicho  Pleno,  Función  Pública  nos  trasladó  un  documento  en  el  que  se  introdujo  una cláusula,  que  en  el  texto  inicial  del  acuerdo  no  figuraba,  que  indicaba  que  para  que  el acuerdo  desplegase  sus  efectos  económicos  era  preceptivo  un  informe  de  la  Secretaría  de Estado  de  Presupuestos  y  Gastos  según  establece  el  artículo  15  del  RDL  2/2020  de  12  de enero.  Esta  cláusula,  supuso  la  suspensión  del  Pleno  puesto  que  solicitamos  su  retirada  o la  redacción  de  un  texto  alternativo,  argumentando  que  éramos  un  Grupo  de  Trabajo  de carácter  técnico,  que  no  tocaba  hablar  de  asuntos  económicos  y  que    debíamos  consultar  con nuestra  asesoría jurídica  el  posible impacto de  la  misma.  

Las  tablas  retributivas  que  comporta  la  nueva  clasificación  profesional,  figuran  en  el Acuerdo  del  4  de  marzo  de  2019  por  el  que  se  firma  el  IV  Convenio  Único  para  el  personal laboral  de  la  AGE,  son  compromisos  firmados  que  la  Administración  tiene  que  cumplir con  sus  empleados  y  no  procede  ninguna  cláusula  en  el  Acuerdo  de  Encuadramiento  que condicione la  firma del  mismo.

Se  había  establecido  un  Acuerdo  de  encuadramiento  con  Función  Pública  que  contaba con la mayoría de  la parte social  (UGT  37,06%  y  CSIF  28,32%,  otros,  con  cierta teatralidad, se  bajaron  del  carro  antes  de  tiempo  por  sus  propias  presiones  internas)  que  habilitaría  la activación  de  manera  definitiva  y  progresiva  del  IV  CÚ,  puesto  que  es  la  premisa necesaria  para,  entre  otros  aspectos,  la  entrada  en  vigor  de  los  Títulos  VI  (Ingreso  y Promoción  Interna)  y  VII  (Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y  Movilidad)  del  mismo  según  lo establecido  en  la  Disposición  Transitoria  Tercera,  el  desarrollo  del  Anexo  II  (posible  cambio de  régimen  jurídico),  la  actualización  de  retribuciones  del  Anexo  III  y  cobro  de  atrasos,  la puesta  en    marcha  de  la  Comisión  para  el  estudio,  análisis,  ordenación  y  redefinición  de  los complementos  de  puesto  de  trabajo  y  el  desarrollo  de  la  Disposición  Adicional Decimoprimera  relativa a  la  Jubilación  parcial,  objetivo prioritario  para  la UGT.

Finalmente,  de  un  total  de  34.244  puestos  de  trabajo  ocupados,  se  había  acordado  el encuadramiento  del  99,49%  de  los  mismos,  es  decir  34.069  puestos,  lo  que evidentemente  suponía  un  importante  logro  dada  la  adaptación  a  un  nuevo  marco  educativo  y se  habían  dejado  a  estudio,  con  el  compromiso  de  resolución  en  un  plazo  máximo  de  un mes,  un  total  de  175  puestos  de  trabajo,  lo  que  supone  un  0,51%  del  total.  La  razón  que explica  que  estos  puestos  quedaran  para  estudio  posterior  es  que  en  el  marco  educativo  no existen  titulaciones  adecuadas  para  determinadas  actividades  que  se  desarrollan  dentro  del convenio,  fundamentalmente  en  el  Ministerio  de  Cultura.  Sin  embargo  los  mecanismos  que nos  permite  el  propio  Convenio  para  crear  especialidades  en  determinados  supuestos  y asignar  las  correspondientes  titulaciones  de  acceso  para  ellas  nos  hacía  ser  optimistas  para una inmediata  resolución  (Art.8  y  Art.10).

Igualmente, la firma del Acuerdo, permitía crear el Grupo de Trabajo que establece la Disposición Transitoria Segunda para el estudio del personal que, de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera, pase a percibir un complemento personal de encuadramiento, personal encuadrado en el Anexo V, (Anexo vaciado sustancialmente al encontrar titulaciones que han permitido sacar a distintas actividades del mismo) y valorar el encuadramiento de dicho personal, en los casos que proceda, en un grupo profesional distinto. 

Atrás habrían quedado meses de agotadoras e interminables reuniones del Grupo de Trabajo creado a tal fin, en las que UGT ha tenido que lidiar con continuos cambios de rumbo y  decisiones caprichosas de algunas de las partes, en vez de dar fluidez y objetividad a los trabajos de estudio y análisis del Grupo. Hemos tenido que realizar muchos equilibrios para que el encuadramiento pudiera salir adelante, pero tenemos la firme convicción que este Acuerdo se podía y se debía haber producido hace mucho tiempo. 

La injerencia de Hacienda ha provocado que desde el día 18 de junio se hayan producido numerosos contactos entre UGT y CSIF con Función Pública para intentar desbloquear la situación y que estos contactos se hayan traducido en numerosas reuniones al más alto nivel entre los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y Hacienda, sin embargo la situación no ha podido desembocar en acuerdos. Se nos pidió prudencia y colaboración para intentar llegar a un acuerdo y hemos sido pacientes durante estas semanas. 

Entendemos que la situación socioeconómica del país tras la gravísima situación vivida los últimos meses ha impedido que el Ministerio de Hacienda haya hecho ninguna concesión y haya querido dejar claro que no se podía hacer frente a ningún pago aun cuando se firmara el Acuerdo de encuadramiento al estar los PGE de 2018 prorrogados y no disponer de partida presupuestaria destinada al efecto (desde UGT incluso propusimos que se actualizaran retribuciones en el último trimestre y percibir los atrasos en 2021). 

UGT, comprende el esfuerzo que el Gobierno ha realizado, respetando la subida salarial pactada para las empleadas y empleados públicos, con la aplicación de los fondos destinados a paliar los efectos económicos devastadores derivados de la Pandemia en los distintos sectores de actividad, los fondos destinados a los ERTEs y los destinados al Ingreso Mínimo Vital para la población y los núcleos familiares más desfavorecidos. En un acto de solidaridad con la actual situación económica del país, estábamos dispuestos a aceptar el compromiso por parte de Hacienda de la actualización de retribuciones y pago de atrasos incluyendo esta partida de gasto en el anteproyecto de Ley de PGE de 2021 como se nos ha propuesto finalmente, pero la posición última de CSIF ha impedido que pudiéramos llegar a un acuerdo mayoritario. 

Tiempo va a haber para reflexionar y tomar decisiones sobre la situación generada. UGT va a defender los derechos de los trabajadores adscritos al IV CÚ de la AGE pero la no firma del Acuerdo de Encuadramiento dificulta sobremanera la aplicación y desarrollo del mismo. Cada cual deberá asumir su responsabilidad.