La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha propuesto alcanzar un pacto salarial en las Administraciones Públicas que, mediante la concreción de un crédito extraordinario, compense la pérdida de poder adquisitivo ocasionado durante la presente legislatura.

UGT ha denunciado que el crecimiento salarial del 1% previsto para el próximo año no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los empleados públicos en los últimos cuatro años –ronda el 14%,  incluyendo la paga extra suprimida y aún no cobrada en su totalidad-.

El sindicato ha planteado un crecimiento superior al 1% para el próximo año y el establecimiento de cláusulas de revisión salarial. Esta sería una vía adecuada para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos y resguardarlos de las arbitrariedades de los gobiernos de turno. Desde el año 1982 hasta la actualidad la merma de poder de compra de los empleados públicos asciende al 49%.

Los continuos recortes en el Capítulo I de los Presupuestos, referidos al gasto en personal activo de las administraciones: -2´3% en 2012; -5´41% en 2013, -0´60 en 2014 y -1´2% en 2015 no responden, en ningún caso, a un ajuste motivado por sobrecostes en personal. De hecho, el coste de los empleados públicos en España está unos 300 euros por debajo de la media de la UE y hasta 1.500 menos en países como Francia. Incluso, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha denunciado en su último informe (enero 2015) que en la Administración General del Estado “el salario mínimo de los trabajadores contratados de la función pública no basta para asegurar un nivel de vida decente”. Para solventar esta situación, UGT propone un mínimo retributivo de 1.200 euros mensuales netos como suelo salarial en el conjunto de las Administraciones Públicas.

Además, el bono de cuantiosas retribuciones variables a determinados colectivos pone en cuestión los principios constitucionales de neutralidad, objetividad y transparencia.

Es esencial el desarrollo del Estatuto Básico del Empleados Público en materia retributiva, fundamentalmente aquellos aspectos relacionados con la carrera y cualificación profesional -complemento de carrera- para evitar la arbitrariedad. La negociación colectiva en las Administraciones Públicas y la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, entre ellas la subida salarial es una inversión, por su positiva repercusión en la sociedad, tanto en productividad como en cotizaciones, pago de impuestos, consumo y generación de empleo.

UGT sigue exigiendo a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, que convoque la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar cuestiones esenciales de las condiciones laborales de los empleados públicos, tal como se comprometió en la reunión del pasado mes de julio.