La reunión que tuvo lugar el pasado día 3 por la Comisión Permanente de la Subcomisión Delegada de CIVEA de los Servicios Centrales y Territoriales del MINHAP y de sus Organismos Autónomos, revistió trazos de especial singularidad al coincidir ésta con la fecha fijada para conocer y hacerse pública la nueva composición del Gobierno donde ya se preveía y posteriormente se confirmó, la desaparición del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para transformase, en el nuevo organigrama ministerial en Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esta circunstancia, marcó en cierto modo el desarrollo de la comisión abordándose los temas con relativa celeridad y sin apenas debate.

En materia de seguimiento de la gestión, la administración dio cuenta de dos movilidades por motivos de salud formuladas por otras tantas trabajadoras vinculadas a la guardería de Madrid. En un primer caso la valoración determinaba que la trabajadora se hallaba “apta con limitaciones” para el desempeño de su puesto en tanto que en otro, la titular se encuentra en situación de suspenso de desempeño como consecuencia de una incapacidad temporal. En ambos casos, la administración procederá a buscar un nuevo puesto de trabajo de similares características manteniendo las vacantes resultantes mediante un procedimiento de desconcentración.

La administración dio a conocer, el informe negativo “por necesidades de servicio” formulado por Oficialía Mayor, a la petición de adscripción temporal a nuevo puesto, en un caso en el Mº de Agricultura y Medio Ambiente y en otro en el Mº de Defensa previamente solicitada por dos empleados públicos que tras haber sido analizadas en reuniones previas de la Comisión Permanente, se hallaban aun pendientes. En este sentido, la representación de la UGT, reconociendo la legalidad de la resolución adoptada, se mostró dolida por la falta de sensibilidad de la que había carecido la administración a la hora de abordar la petición realizada por uno de los trabajadores afectados. Una petición que en sus orígenes lo fue de traslado por motivos de salud, motivada por circunstancias especialmente graves vinculadas al entorno familiar del empleado público que le habían condicionado a acogerse al artículo 64.2 del Convenio Único y que ante el informe desfavorable de Función Pública hubo de replantearse formulando la aplicación del contenido del artículo 32 de dicho convenio vinculado a otras formas de movilidad. Un rechazo nuevamente cuestionado por UGT y que ya ocupo en sesión precedente de ésta misma Comisión Permanente, parte del debate mantenido tras producirse en aquellas fechas el posicionamiento contrario de Función Pública.

Tras solicitar la parte social el aporte por parte de la administración de información relativa a la temporalidad existente en el Ministerio, se analizó el contenido del informe elaborado por el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con las peticiones reiteradas y en numerosas ocasiones inatendidas, realizadas a la administración por UGT y el resto de las formaciones sociales representativas para que ésta haga entrega de los listados de ocupación que permitan ejercer con plenas garantías las funciones de control y seguimiento. El informe, si bien reconoce la capacidad legal de la parte social de disponer de dichos datos, formula a su vez ciertas consideraciones de salvaguarda debida a la naturaleza de los mismos, circunstancia que a criterio de la AEPD requeriría hacer “una notificación individualizada a todos los empleados” otorgándoles a su vez plazo de alegación y oposición al acceso a los mismos. Un requerimiento que, en todo caso habría de realizar la propia administración. Este informe en la actualidad está siendo analizado por Función Pública para intentar conjugar los derechos atribuidos al conjunto de los empleados públicos y a las organizaciones sindicales presentes en los órganos de representación paritaria, y formular en consecuencia un procedimiento de aplicación acorde que no menoscabe los derechos de ninguna de las partes.

En relación con el concurso de traslados de 2016, la administración desconoce la fecha de conclusión del mismo toda vez que el período de alegaciones acaba de concluir. De cara al 2017, la parte social reiteró en la necesidad de cobertura de la totalidad de las vacantes existentes en el conjunto de los departamentos ministeriales, manteniendo su posicionamiento a favor del pleno empleo y de rechazo a la externalización de servicios. En materia de complementos, la administración se mostró disconforme con el planteamiento de nuevas asignaciones, significando que se hallan pendientes de consolidación los que en su día se dio traslado a la CIVEA y quedaron en suspenso como consecuencia de la convocatoria del concurso de traslados de 2015