La entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado es una buena noticia para los más de dos millones de empleadas y empleados públicos que esperaban ver reflejada en su nómina la subida salarial pactada entre la Administración y los sindicatos representativos de Función Pública. La publicación en el BOE de los PGE 2018 erradica la incertidumbre generada, tras la moción de censura y el posterior cambio de Gobierno.

En 2018 tendremos un incremento de sueldo fijo del 1,75%, que comenzará en el mes de julio e incluirá una extra de atrasos con la subida del primer semestre del año (1,5%). Según el pacto plurianual suscrito por el Gobierno y los sindicatos, el aumento será del 2,25% en 2019 y del 2% para 2020. A estos porcentajes se sumará una parte variable. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,1% y un máximo del 8,79%.

UGT señala que ahora toca abrir la negociación colectiva para implementar las medidas contempladas en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo en las Administraciones, firmado en el mes de marzo. Este pacto remite a la negociación en los ámbitos específicos de múltiples materias como las Ofertas de Empleo Público; jornada de trabajo, retribuciones en situación de incapacidad temporal, jubilación parcial, distribución de fondos adicionales o el impulso a la aprobación de los planes de igualdad y medidas de conciliación. UGT no encuentra ninguna justificación para demorar el inicio del diálogo, por lo que, junto a CCOO, ha remitido una carta a Función Pública para solicitar, como mayoría sindical, la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

La Mesa debe abordar, también, otros aspectos de la regulación de las condiciones de trabajo cuya negociación se encuentra bloqueada o no termina de alcanzar resultados desde hace ya demasiado tiempo:

• La Ley de Función Pública AGE, en desarrollo del EBEP, para poder dar respuesta a las legítimas reivindicaciones de este personal respecto a la clasificación y la carrera profesional horizontal, entre otras.
• El IV Convenio Único del personal laboral de la AGE, que homologue las retribuciones con el personal funcionario.
• La adopción de medidas adicionales que acaben con la brecha salarial entre el personal de la AGE y el de otras Administraciones Publicas, a través de una subida lineal y un salario mínimo de 1.200 €.
• La reversión de aquellos aspectos aún pendientes: la estructura de las pagas extraordinarias, la formación interna, la acción social, etc.