Los sindicatos de Función Pública (FeSP-UGT, FSC-CCOO y CSIF) se han reunido este lunes con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet en una primera toma de contacto para retomar el desarrollo y aplicación del Acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo.

El objetivo de UGT es alcanzar el pleno desarrollo del II Acuerdo para la mejora del Empleo Público, firmado el pasado marzo, y que se habilite la Negociación Colectiva en cada ámbito para lograrlo. UGT insiste en que es necesario una Oferta de Empleo Público extraordinaria que aporte nuevos efectivos para una mejor prestación del Servicio Público.

Julio Lacuerda, Secretario General de FeSP-UGT, ha afirmado al término de la reunión que “ lo hemos venido a plantear es un desarrollo adecuado del Acuerdo. Este acuerdo pertenece no solo a la AGE sino a todas las Administraciones públicas de nuestro país, y a todos los sectores que la componen: Sanidad, Educación, etc. Lo que reclamamos es su correcto desarrollo, desde su punto de vista competencial y desde el punto de vista procedimental. El Gobierno tiene ahora la obligación inexcusable de trasladar a sus empleados y a sus empleadas las consecuencias de este acuerdo”.

Lacuerda ha asegurado que algunos de los elementos que casi siempre retrasan estos procesos están resueltos. “El anuncio que nos ha hecho la propia ministra es que desde hoy mismo se aplicarán los fondos de cumplimiento de los incrementos para este año. Nuestro interés, y así se lo hemos manifestado, es revertir todas las decisiones de carácter unilateral que nos afectaron a los empleados públicos a partir del decreto de 2012. Entre ellas, por supuesto, la consideración de la jornada laboral máxima, y otras, hasta 15 modificaciones, que de manera unilateral produjo la acción del Gobierno anterior. Así que, por lo que hemos escuchado en la Mesa, desde la UGT estamos esperanzados en que esta legislatura va a ser muy productiva».

UGT ha reivindicado mediante movilizaciones en los últimos meses la restitución de los derechos suprimidos durante la crisis. Es necesario garantizar el fin de la pérdida de poder adquisitivo y la recuperación de derechos relativos a las retribuciones en situación de incapacidad temporal, el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral de la AGE, que homologue las retribuciones con el personal funcionario y la adopción de medidas adicionales que acaben con la brecha salarial entre el personal de la AGE y el de otras Administraciones Publicas a través de una subida lineal y un salario mínimo de 1.200 €. Otras medidas que el Acuerdo contempla y que deben ponerse en marcha cuanto antes mediante la Negociación Colectiva son la aplicación de la bolsa de horas (hasta el 5% de la jornada anual) para la conciliación de la vida personal y laboral y los mecanismos reguladores que posibiliten la jubilación anticipada y parcial.

Los empleados públicos verán próximamente actualizadas sus nóminas con el incremento del 1,5% fijo acordado con las centrales y el 0,25% variable, además de los atrasos correspondientes a los porcentajes de sueldos perdidos en el primer semestre del año, que solo aumentaron un 1%, lo que supondrá una subida de 211 euros de media. Además, Batet ha adelantado que se incluirán unos fondos adicionales del 0,20% de la masa salarial, cuyo fin deberá ser negociado en las mesas de diálogo con los sindicatos y que continuarán en otoño. La ministra ha asumido el compromiso recogido en el citado acuerdo, que fue publicado en el BOE el 26 de marzo, que incluye una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, en función de cómo evolucione el crecimiento económico (PIB) y el cumplimiento del objetivo de déficit público del 2020.