Como decíamos en la nota informativa conjunta de 10 de junio, el pasado 19 de septiembre de 2019 se firmó un Acuerdo entre el INE y los sindicatos mayoritarios para regular la participación y las retribuciones del personal funcionario y laboral en los procesos electorales. Persistimos en promover una distribución equitativa de las cargas de trabajo y de las retribuciones económicas.

El Acuerdo creó una Comisión de Seguimiento dependiente de la Mesa Delegada del Ministerio, encargada de velar por el cumplimiento de los términos fijados por el mismo.

Hasta la fecha se han abonado todas las propuestas elevadas por los Delegados/as Provinciales y Servicios Centrales, a excepción de las provincias de Albacete, Asturias, Badajoz, Barcelona, Bizkaia, Cáceres, Cantabria, León, Lugo, Murcia, Pontevedra y Toledo.

El motivo de que estos pagos no se hayan efectuado es que los Jefes de Unidad se han negado a facilitar a la Comisión de Seguimiento la información solicitada para aclarar las propuestas de pago que han presentado. Esta información va especialmente referida a la consideración de vinculado o no vinculado de determinado personal, así como a aclarar algunas situaciones claramente discriminatorias en cuanto a las retribuciones económicas consignadas. En varios casos y de forma, a nuestro entender, irresponsable, algunos delegados se han dirigido a su plantilla poniendo en entredicho la validez del Acuerdo suscrito por el Presidente del INE y la capacidad de los miembros de la Comisión, aduciendo que desconocen como funciona una delegación de la OCE durante un proceso electoral, ignorando tal vez que a diferencia de quienes así opinan, que parece desconocen el papel que juega la parte social en las relaciones laborales con el INE, los miembros que representan a CCOO y UGT en la Comisión, además de contar con asesoramiento adecuado, conocen a la perfección el papel que juega y el funcionamiento de la OCE en una convocatoria electoral.

El nivel de obstinación ha llegado al punto de que un importante número de Delegados/as ha hecho frente común y ha dirigido una carta al Presidente poniendo en entredicho la validez del Acuerdo, clarísimo ejemplo de su falta de respecto al papel que juega en las Relaciones Laborales la representación de los/as trabajadores/as y su capacidad para alcanzar acuerdos con la empresa.

El INE es un Organismo Público con estructura jerárquica, donde las responsabilidades de cada nivel y unidad están diferenciadas formalmente, y con una centralización que se utiliza como sistema de control de las actividades y resultados. El papel de las normas y procedimientos es muy importante en el funcionamiento diario del organismo. Los/as Delegados/as y Subdirectores saben, o deben saber, que la actuación pública está sujeta a los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad, lo que implica la obligación de cumplir ineludiblemente estos principios; por ello los organismos públicos están sometidas a controles en su funcionamiento, tanto de carácter jurídico como políticos y representativos.

A lo largo de decenas de procesos electorales, este control de funcionamiento en los pagos de elecciones ha sido inexistente, salvo el inexcusable control contable. CCOO y UGT tuvimos que acudir a la Audiencia Nacional para obtener listados de perceptores de productividad, y solo los obtuvimos del personal laboral. El uso que se da al dinero de los contribuyentes es una tarea crucial en un Estado social y democrático de Derecho. los Delegados/as deberían saberlo, pero lamentablemente hemos constatado que los amiguismos y las discriminaciones persisten, y las decisiones arbitrarias e ilegales también.

No se pueden amparar actuaciones de este tipo con la excusa de que la facultad organizativa reside en los Jefes de Unidad. Esta facultad organizativa, que la parte social reconoce, como no puede ser de otra manera, también está sujeta a ciertos límites. Los Delegados/as y SSGG gozan de amplia capacidad para programar el trabajo, distribuir responsabilidades y cargas de trabajo y, en función de ello, manejar el presupuesto asignado e incentivar a su personal. Pero se hace difícil entender propuestas de abonos de productividad tan dispares que llegan a fluctuar entre los 15-40 € y el tope de 3.412 €. O situaciones tan “chocantes” e inexplicables como propuestas que llegaban al tope de lo establecido para personal de baja por incapacidad. No es la primera vez que se pagan horas extras no realizadas, o productividad a personal de baja, se sobrepasan y falsean las horas extras o como algún sindicato decía en la última reunión se manipula el control horario. Esa no es nuestra actitud. Si CCOO y UGT tuviésemos pruebas de ello, lo hubiésemos denunciado. Tenemos, tuvimos casos incluso de pago de incentivos “por trabajos en remoto”, ilegales, y fraudulentos con la seguridad social. Y así podríamos seguir, pero no es nuestra función alimentar el mal clima laboral.

Todos queremos que las elecciones vayan bien. El personal del INE ha dado cumplidamente pruebas de ello, a costa de su salud incluso. Queremos acabar con estos abusos, queremos transparencia (y todavía no lo hemos conseguido). Si los trabajadores conocieran las retribuciones de elecciones, estas y las anteriores, a alguno/a se le caería la cara de vergüenza. Esperemos que los reglamentos de la Ley de Transparencia, todavía por venir, dispongan lo necesario para conocer estos datos.

Vamos a avanzar, a pesar de los obstáculos, y si el Acuerdo es susceptible de mejora, CCOO y UGT estamos dispuestos a sentarnos de nuevo para aportar propuestas. Pero entre tanto, cúmplanse de una vez las condiciones del que está en vigor y no retrasen más el pago a un personal que lo espera desde hace ya demasiado tiempo.