La pírrica oferta de empleo público, aplicada por el Gobierno en la Administración General del Estado en los últimos años de crisis económica, no sóloestá reduciendo de forma acelerada la plantilla de empleadas y empleados públicos, sino que también la está envejeciendo paulatinamente.

Sólo en los últimos 3 años, en concreto entre enero de 2012 y julio de 2015, la plantilla de la AGE ha disminuido casi un 10% (más de 20.000 empleos públicos perdidos) pasando de 234.685 EEPP a 212.298 EEPP según el último Boletín Estadístico de Personal al servicio de las AAPP publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pero hay otro dato que también ha contribuido muy decisivamente en la destrucción de empleo público en la AGE: La jubilación voluntaria a los 60 años de miles de funcionarios pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas. Así, durante estos últimos años, por la incertidumbre generada con respecto a este Régimen, por las continuas agresiones del Gobierno y, en definitiva, por el gran desencanto y frustración de los empleados públicos, se ha producido una avalancha de jubilaciones voluntarias: de los 4.235 EEPP del año 2010, a los 15.788 EEPP del año 2013 y los 13.562 EEPP del año 2014 (último dato publicado). El número de pensiones del sistema de clases pasivas está creciendo a un ritmo del 7% anual., el triple que el de la Seguridad Social.

Por otro lado, el citado boletín estadístico delata que un 61,28% de la plantilla de empleadas y empleados públicos de la AGE tiene más de 50 años.

La consecuenciade la combinación de la falta de renovación de las plantillas -provocada por las prolongadas restricciones de la oferta de empleo público- y el incremento de la jubilación voluntaria,es una Administración General del Estado con un evidente y flagrante déficit y envejecimiento de efectivos. Una Administración que tendrá serios problemas para ofrecer algunos servicios a los ciudadanos (Seguridad Social, Fogasa, Servicio Público de Empleo Estatal, Agencia Tributaria, Imserso, etc…) si el Gobierno no rectifica su política.

Se da otra circunstancia, además, que complica el futuro de determinados servicios prestados mayoritariamente por personal laboral (en este colectivo son el 66% los mayores de 50 años): durante los años de expansión económica se externalizó mucho trabajo; pero con la llegada de los recortes, esa política ha desaparecido recayendo el mismo trabajo en unas plantillas cada vez más mermadas y envejecidas.

Por todos estos motivos, el Sector AGE de la FSP-UGT reclama un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que rejuvenezca y redimensione las actuales plantillas para poder garantizar la prestación de los servicios públicos que la ciudadanía demanda.