Se ha constituido la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en la sede que el Ministerio tiene en la calle María de Molina, 50. En la composición de la Mesa, organizada en base a los resultados del último proceso de elecciones sindicales, Comisiones Obreras se mantiene como primera fuerza (37,35%) y la Unión General de trabajadores continúa siendo la segunda (33,91%). A mucha distancia de las organizaciones sindicales de clase, con un 22,14% de la representación, CSI-CSIF ocupa el tercer puesto. El cuatro es CIG (2,54%) y el quinto ELA (3,61%). UGT y CCOO cuentan en la Mesa con 5 representantes cada uno. CSIF con 3 y CIG y ELA 1 cada uno.

Después de una legislatura en la que el Gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta en el Congreso, decidió erradicar de sus planes la Negociación Colectiva y el Diálogo Social con los legítimos representantes de los trabajadores de las Administraciones Públicas,  la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT  (FeSP-UGT) ha pedido un cambio de rumbo y ha exigido que la Administración dote de contenido a la Mesa.

Son días de incertidumbre política y gubernamental después del 26J. UGT ha afirmado que el Ejecutivo que salga del proceso de investidura tiene afrontar los problemas laborales y sociales más graves que tiene nuestro país: atajar el desempleo, la desigualdad y la recuperación de los servicios públicos deben ser los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno.

Sea cual sea este nuevo Gobierno, la FeSP-UGT exige la recuperación de la negociación real de las Administraciones Públicas después de cuatro años de políticas de hechos consumados en los que el Gobierno ha tomado en solitario decisiones trascendentales para el conjunto de los trabajadores y la ciudadanía. Y no solo eso. Como ya hemos denunciado en otras ocasiones, el Gobierno del PP ha utilizado las políticas sociales y económicas como arma electoral, quitando y reestableciendo derechos en función de la proximidad o no de los procesos electorales.

UGT ha puesto sobre la Mesa sus principales reivindicaciones: aumento de la Oferta Pública de Empleo después de una legislatura de récord histórico en la destrucción empleo público. Recuperación de la masa salarial para los empleados y empleadas públicas, que han padecido desde 2010 una pérdida sin igual de su poder adquisitivo. Recuperación de derechos que ya se habían conquistado, como las 35 horas semanales. Y cuantas medidas sean necesarias para fortalecer nuestros servicios públicos en su conjunto y dignificar las condiciones laborales de sus trabajadores, cuya misión es velar por nuestra salud, educación, justicia, nuestra igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad más igualitaria.

Solo podremos seguir avanzando como sociedad si los Gobiernos apuestan por los Servicios Públicos de calidad y para todos. Las decisiones que en ellos están implicadas corresponde tomarlas con los agentes sociales y los representantes de los trabajadores. De lo contrario caminaremos hacia una forma de Gobierno cada vez más autoritaria que ejerce sus funciones de espaldas a la gente y al bien común.