Como ya os informamos anteriormente, al recurrir el INE la sentencia por que declaraba nula la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, UGT solicitó la ejecución provisional de la misma ya que la posible resolución de este recurso probablemente de demoraría mas allá de principios de 2017, por lo que no afectaría a los trabajadores ya que esta modificación finaliza en diciembre de 2016.
Citados en la Audiencia Nacional para resolver esta petición, se llegó inicialmente a un acuerdo por avenencia de las partes, mediante el cual todos los trabajadores que se vieron afectados forzosamente por la misma dejaban de estarlo a partir del 1 de agosto, entre otras. Este acuerdo fue posteriormente anulado por la misma Audiencia, como consecuencia de un criterio que han adoptado para resolver los asuntos de modificaciones sustanciales y despidos colectivos, por al cual cuando un sindicato tiene que demostrar que ostenta la representación de los trabajadores afectados, bien porque son sus afiliados o porque estos han otorgado la representación a este.
Ante esta situación, y buscando la mejor solución para los trabajadores, UGT optó por intentar obtener la representación de estos poniéndose en contacto con los afectados para que rellanasen un escrito, si así lo deseaban, por el cual otorgaban la representación a UGT exclusivamente para este proceso. Todo ello en un breve espacio de tiempo. Finalmente los documentos recibidos se aportaron a la Audiencia y se llegó al acuerdo que os adjuntamos. Acuerdo conflicto INE
De este proceso, y a tenor de los criterios que utiliza la Audiencia Nacional, podemos sacar la conclusión de la importancia que en estos momentos tiene el estar afiliado a un sindicato. Ya que, aunque afortunadamente para este proceso han aceptado que se otorgue la representación con un simple escrito sin que venga refrendado por un Notario, nos podíamos haber encontrado justamente con lo contrario.
Este acuerdo solo afecta a la modificación sustancial realizada para los trabajos del año 2016 que ha sido la impugnada, por lo que para siguientes que el INE ya nos ha informado que habrá otra en 2017 estos trabajadores pueden volver a verse afectados.
Desde UGT continuaremos defendiendo los derechos de todos los trabajadores y exigiremos al INE que cumpla la normativa que afecta a estos procesos de modificación sustancial, los cuales se podrían evitar perfectamente con una oferta de empleo público inexistente para el personal laboral del Organismo y mediante una bolsa de empleo para las contrataciones eventuales, demandas que venimos exponiendo desde hace años en las diferentes mesas de negociación.
Seguimos sin comprender la política de Recursos Humanos de nuestro organismo, salvo que estén planeando hacer desaparecer a todo el personal laboral y con ello, dejar la recogida de datos en manos de empresas privadas. En una externalización salvaje se los servicios públicos, este año solo en externalización de encuestas hablamos de casi ocho millones de euros, continuando con los servicios de informática, la contratación de servicios de personal polifuncional para sustituir a los ordenanzas, y un largo etcétera.
UGT defenderá siempre un INE con empleados públicos, que realicen toda la fase de la elaboración de encuestas, desde la planificación hasta la publicación de los datos, y estén apoyados por otros empleados públicos, no por empresas que contratan en precario y con un mayor coste para la Administración.