La devaluación salarial ha constituido un claro freno al proceso de recuperación económica y de creación de empleo, haciendo inútil el extraordinario sacrificio experimentado por los empleados públicos (y la sociedad en general) durante la crisis, en sus condiciones de bienestar y en la atención a sus necesidades básicas.

El Gobierno ha reconocido el esfuerzo individual y colectivo realizado por las empleadas y empleados públicos del país de forma continuada durante los últimos años, con el objetivo fundamental de contribuir a paliar la situación económica existente, aportando su solidaridad e implicación en un momento de máxima dificultad social, sin merma en la profesionalidad y calidad del servicio público prestados a la ciudadanía.

Si los recortes salariales (y de las condiciones de trabajo en general) pretendían hacer frente a un periodo coyuntural, como fue el momento más álgido de la crisis, ahora exigimos al Gobierno que sea coherente con sus afirmaciones que hablan de recuperacióny no prolongue más de lo necesario los esfuerzos de los empleados públicos, recuperando progresivamente las condiciones de trabajo previas a las medidas adoptadas con la excusa de la crisis. Por esta razón, solicitamos la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para tratar estas cuestiones.