UGT ha participado, junto a CCOO y CSIF, en la reunión de trabajo celebrada hoy con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a quien ha trasladado su exigencia de avanzar en la negociación de mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. Ha sido la primera reunión con el ministro después de que el Gobierno renunciara en el mes de septiembre a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Montoro se ha comprometido a no abandonar la negociación y a que, si alcanza un acuerdo con los sindicatos, este se respetará, haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o se prorroguen los de 2017. El secretario general de FESP-UGT, Julio Lacuerda, ha advertido de que no debe volver a suceder lo que ocurrió durante las negociaciones del mes de septiembre, cuando el Gobierno decidió de la noche a la mañana no llevar a las Cortes el anteproyecto de PGE. «Si nos sentamos a negociar es porque, con presupuestos o con prórroga, lo que acordemos -si es que acordamos- será respetado por el Gobierno», ha precisado.

Para el responsable de la Federación de Empleados Públicos de UGT, el Gobierno quiere y necesita acuerdos, pero han sido los sindicatos los que le han puesto los límites. Unos límites que pasan por la recuperación del poder adquisitivo y la reversión de las decisiones unilaterales adoptadas por el Ejecutivo en materia de derechos, como las relacionadas con la jornada laboral, la Incapacidad Transitoria o la jubilación parcial, entre otras. «Si no se revierten estos recortes, no podrá haber acuerdo», ha añadido el secretario general de FeSP-UGT.

UGT, junto al resto de sindicatos, ha fijado como punto de partida de la negociación, que proseguirá el próximo día 12, la oferta presentada por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Esa oferta, a juicio del sindicato, no garantizaba la recuperación del poder adquisitivo, y las variables que se propusieron en septiembre no sirven porque tienen que ser más garantistas. Los sindicatos han establecido los últimos días de febrero como la fecha límite para alcanzar un acuerdo, fecha que guarda relación con la intención del Gobierno de presentar los Presupuestos ante el Parlamento el mes que viene.

En la última reunión celebrada en septiembre, el Ministerio presentó una propuesta que planteaba una subida salarial del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2010, además de una parte variable ligada a la evolución de la economía que, si se cumplían las previsiones de crecimiento del Gobierno, supondría un 0,25% en 2018, un 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. UGT considera esas cifras un punto de partida para la nueva negociación.

El sindicato también defiende el retorno a las 37,5 horas como jornada laboral máxima, tal y como quedaba fijado en el Estatuto Básico del Empleado Público, de modo que las organizaciones sindicales puedan negociar otra jornada diferente con las Administraciones y organismos que lo consideren.

Esa medida, hacia la que el propio ministro ha mostrado una mayor flexibilidad en las últimas semanas, permitiría crear nuevos puestos de trabajo. En Andalucía, por ejemplo, una comunidad que había implantado la jornada de 35 horas hasta su anulación por el Tribunal Constitucional, esa reducción horaria podría crear, según cálculos de UGT, cerca de 15.000 nuevos empleos, una cifra similar a la que se prevé en Madrid. En otras como Baleares rondarían los 1.600, y en La Rioja se calcula que podrían crearse alrededor de 500 nuevos puestos.

Otra de las cuestiones que plantea UGT es que todos los empleados públicos perciban el 100% de su salario en los casos de incapacidad temporal, para así evitar desigualdades injustificadas entre los trabajadores. En la actualidad, y tras diversas negociaciones, hay una parte que ya se ha podido recuperar, pero la reivindicación de UGT es que se haga de forma completa y que no haya diferencias entre comunidades autónomas, Ayuntamiento y la Administración General del Estado (AGE). También ha reclamado fondos adicionales para la AGE