Cuando en los últimos cuatro años se han perdido más de 20.000 puestos, la reposición de 6.307 efectivos en la Administración General del Estado, no puede ser considerada sino como un nuevo ataque a los Servicios Públicos.

Ni tan siquiera se reponen los 7.318 que se han perdido en 2015. Lejos de atender la reivindicación de UGT de contemplar la Oferta de Empleo Público (OEP) en el marco de un Plan Integral de Ordenación de Recursos Humanos, la Administración aplica una medida meramente economicista cuyo resultado vuelve a ser una vez más la reducción de los puestos, el incremento de la carga de trabajo y el consecuente deterioro del servicio.

La presión a una plantilla cada vez más reducida en la que el 61,28% tiene más de 50 años no puede ser la solución a menos que lo que se pretenda sea la justificación de la externalización. Las jubilaciones voluntarias duplican las forzosas cuya fecha es tan predecible como el colapso que se avecina gracias a la política de un Gobierno que, aún en funciones, persevera en su afán privatizador.

UGT reclama un proceso de determinación de necesidades reales de efectivos para el mantenimiento de un servicio público de calidad prestado por trabajadores/as públicos así como una promoción interna.